Alerta: El Gobierno Peruano retrocede en la lucha contra la Tala Ilegal
Alerta: El Gobierno Peruano retrocede en la lucha contra la Tala Ilegal
LIMA, PERÚ — Mientras el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) continúa identificando la extracción y comercio de madera ilegal en el Perú y difundiendo información clave que obliga a otras autoridades a reconocer la grave situación de ilegalidad en el sector forestal peruano y a tomar acciones, el Consejo de Ministros aprobó el miércoles 12 un Decreto Supremo que corta la imprescindible independencia del Osinfor al retirarlo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y reubicarlo bajo el Ministerio de Ambiente (MINAM). Cabe precisar que el proyecto fue presentado por el MINAM sin haber sido consultado con – o si quiera informado a – el Osinfor. De la misma manera, la aprobación del cambio de adscripción también se produjo en abierta oposición a lo que ha sido la posición oficial y pública del Osinfor durante los últimos años.
Este cambio debilita gravemente la ya varias veces golpeada independencia e institucionalidad del Osinfor. Sigue la línea de retroceso en la transparencia del origen legal de la madera a lo largo de la cadena de suministro que ha venido siendo promovida por un sector de la industria y del gobierno durante los últimos años, como reacción a las eficientes acciones de control implementadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) desde el 2014 y basadas en la información producida por el Osinfor. Dichas acciones, enmarcadas en un operativo multianual apoyado por Interpol y la Organización Mundial de Aduanas conocido como Operación Amazonas, generaron el decomiso de miles de metros cúbicos de madera extraída ilegalmente de la Amazonía peruana tanto en el Perú como en Estados Unidos, México y la República Dominicana. A partir de ese momento, la reacción de un sector de la industria – apoyada por un sector de funcionarios del Estado peruano – ha sido atacar al Osinfor y convertirlo en un organismo débil y sin independencia. Tanto el Osinfor como la Operación Amazonas implementada por la Sunat son ahora reconocidos internacionalmente como un ejemplo de éxito en la lucha contra la tala ilegal – trayendo mayor transparencia y rendición de cuentas a un sector extremadamente opaco – y otros países con problemas similares han venido considerando replicar el modelo. Pero, en el Perú, el gobierno está optando por desestructurarlo.
El Osinfor fue creado en el marco de un arduo proceso de negociaciones para la revisión de la ley forestal peruana en el año 2000 como un organismo independiente adscrito a la PCM, pero en la práctica empezó a funcionar de un modo muy limitado y sin independencia dentro de lo que en ese momento era el equivalente a la autoridad forestal. El Decreto Leegislativo que creó el Osinfor, también indica explícitamente que el Osinfor está adscrito al PCM (Art. 1, DL 1085). Si bien una ley peruana señala que las adscripciones de este tipo de organismos pueden ser definidas por un decreto supremo (ley 29158, de diciembre del 2007), hay un debate abierto entre expertos sobre si esto faculta a que un instrumento legal de menor rango (un decreto supremo) pueda modificar a otro de mayor rango (un decreto legislativo), lo que va en contra de la ley peruana y sus procedimientos. Por tanto, transferir el Osinfor hacia el MINAM, a través de un Decreto Supremo podría ir en contra de la ley peruana. Otra fuerte razón para cuestionar la legalidad y la idoneidad de la transferencia es que la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ha declarado que – dadas sus responsabilidades y atribuciones – la naturaleza del Osinfor es similar a la de un organismo regulador tanto en cuanto a forma como función y, por lo tanto, debe ser tratado como tal. La misma ley 29158 establece que todos los organismos reguladores deben estar adscritos a PCM.
Además, el Anexo Forestal del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) entre Perú y los Estados Unidos establece que el Perú debe fortalecer las instituciones responsables de hacer cumplir las leyes que impactan sobre el manejo forestal en el Perú y específicamente señala que debe implementar la norma de creación del Osinfor para que sea “una entidad independiente y separada” (Art. 3.h.iii, del anexo 18.3.4 del APC Perú – EEUU). La ley citada por el APC específicamente ubicaba al Osinfor en la PCM. Por ello, reubicar al Osinfor dentro del MINAM, sector que tiene responsabilidades expresas sobre “el uso sostenible de los recursos naturales” y “desarrollo sostenible de la Amazonía” (Art. 3, del DL 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente) genera un claro conflictos de interés, ya que el Osinfor estará bajo uno de los sectores con potencial responsabilidad por actividades ilegales que van en contra del uso sostenible de los recursos y en contra del desarrollo sostenible de la Amazonía. Esta contradicción resulta evidente de la lectura de la propia exposición de motivos adjunta a la propuesta de decreto preparada y presentada por el MINAM.
Los resultados confiables a nivel nacional sobre el origen legal de la madera han existido en el Perú desde el 2009, año en que el Osinfor se convirtió en un organismo independiente y autónomo. Este trabajo de verificación en campo, a cargo del Osinfor, ha sido posible gracias a la autonomía e independencia funcional de la institución, la misma que le permite actuar de forma transversal y suprasectorial en todos los niveles de gobierno. Al estar adscrito a un nivel suprasectorial bajo la PCM, logró constituirse real y efectivamente en una entidad independiente y separada. Es debido a ello que el Osinfor ha podido desempeñarse como una entidad de naturaleza administrativa resolutiva, como es el caso de otros organismos independientes bajo PCM, tales como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería o el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.
No es novedad que el Osinfor sea víctima de presiones y ataques para debilitarlo. En enero del 2016, cediendo a las fuertes presiones de un poderoso sector de la industria forestal peruana que acusaba al entonces Presidente Ejecutivo del Osinfor, Rolando Navarro, por los decomisos de madera ilegal peruana que ocurrieron en los Estados Unidos en el marco de la Operación Amazonas liderada por la SUNAT, el gobierno peruano despidió abruptamente a Navarro. Entre el 2015 y la fecha, se han producido sucesivos intentos por debilitar al Osinfor, incluyendo propuestas para reducir su presupuesto y sus funciones, así como para reducir su independencia reubicándolo dentro de la autoridad forestal (Serfor), del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del Ambiente – todas opciones que irían en contra del uso sostenible de los bosques peruanos y en contra de los avances del país en la lucha contra la tala ilegal, además de violar tanto normas nacionales como el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – EEUU.
El MINAM, por su parte, además de dictar lineamientos generales en materia de conservación de la biodiversidad e implicaciones ambientales de las actividades productivas y estar a cargo del Programa Nacional de Conservación de Bosques, es la autoridad científica CITES. Este ministerio establece las cuotas anuales de exportación para las especies CITES de madera, lo que afecta directamente los intereses de los usuarios del bosque que se encuentran bajo explícito control del Osinfor (Art. 3.ii, DL 1085). Además, los procesos administrativos del Osinfor son un elemento clave para definir qué comunidades pueden participar en los programas del MINAM para recibir pagos por conservación del bosques – lo que incluye, entre otras actividades, a la extracción comercial de madera. Con la inclusión del Osinfor en el MINAM, tal entidad se convertirá en juez y parte a la vez.
Cabe resaltar, que sin la autonomía e independencia del OSINFOR, la mayor transparencia y conocimiento sobre los resultados de las supervisiones y fiscalizaciones de los derechohabientes en materia forestal y fauna silvestre no hubiera sido posible. Por ejemplo, el 16 de septiembre del 2018, el diario El Comercio pudo advertir – con base en las supervisiones del Osinfor sobre los planes de manejo forestal – que más del 60% de la madera movilizada en el Perú en el 2017 tuvo origen ilegal.
Si bien algunas autoridades del gobierno peruano sostienen que los altos porcentajes de ilegalidad y la corrupción pública y privada que invade el sector forestal identificados en recientes informes de investigación producidos por EIA, CIEL y Global Witness, entre otras organizaciones, ya no existen y que los problemas del sector forestal peruano ya han sido solucionados, información del Osinfor actualizada a agosto del 2018 documenta lo contrario, y es probable que éste sea uno de los motivos para intentar debilitar – y de una vez por todas controlar – al organismo de supervisión.
Una reciente nota de prensa del Osinfor revela que, entre octubre del 2017 y noviembre del 2018 y sólo en la región Loreto, dicho organismo documentó la extracción ilegal de al menos 389 mil metros cúbicos de madera, equivalente a la carga de más de 7,000 camiones. Cabe precisar que este volumen se refiere sólo a los casos en los que el Osinfor ha verificado que el 100% de la madera movilizada tiene un origen ilegal. Todos los demás casos, en los que el porcentaje de ilegalidad es menor al 100%, no han sido comunicados como alertas y – si bien están siendo investigados – no han sido incorporados en esta cifra.
En paralelo, un estudio encargado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad del Estado peruano a cargo de luchar contra el lavado de activos, ha identificado que en los años 2015 y 2016 el sector forestal peruano movilizó alrededor de 700 millones de soles anuales (equivalentes a más de 200 millones de dólares anuales) en activos ilícitos. Cabe mencionar que la información del Osinfor fue uno de los componentes para la elaboración del estudio de la UIF y, sin un Osinfor independiente, tal estudio no podrá ser replicado ni actualizado, poniendo potencialmente en riesgo las calificaciones del Perú para ser parte de la OECD.
Resulta inaceptable para el Perú – además de ser una violación de la ley Peruana y el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. – que en vez de reforzar a una institución como el Osinfor, que viene cumpliendo un rol esencial en la detección de la extracción y comercio de madera ilegal, se pretenda debilitar su institucionalidad. Cabe precisar que un cambio de este nivel sobre la independencia del Osinfor afectará también a sus administrados, los usuarios del bosque, entre quienes se encuentran las Comunidades Indígenas. De acuerdo con la legislación peruana e internacional sobre los Derechos Indígenas, los cambios normativos que afecten directamente a las Comunidades Indígenas debe pasar por un proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que, claramente, no ha existido en este caso. A todo esto se suma que, en un mercado global de madera con leyes que cada vez exigen más información sobre el origen legal del producto e incluyen multas y prisión efectiva para quienes importen productos de origen ilegal, la independencia del Osinfor es indispensable para garantizar el ingreso de la madera legal peruana a destinos como los Estados Unidos (donde aplica la Lacey Act), Europa (donde aplica la Regulación de la Madera de la Unión Europea) e incluso China, ya que gran parte de la madera importada este país es procesada y re-exportada a los Estados Unidos y Europa.
Es imperativo que el OSINFOR siga siendo independiente y capaz de realizar supervisiones de títulos habilitantes de alto riesgo. Ha quedado demostrado que la información producida por el Osinfor es clave para detectar la extracción y comercio de madera ilegal, tanto para el mercado nacional como para las exportaciones. Debilitar y restar independencia al Osinfor es un claro retroceso del Perú en la lucha contra la tala ilegal y abre las puertas a sanciones comerciales formales y de facto. Invocamos al Gobierno Peruano a reconsiderar su decisión y devolver la independencia del Osinfor, a la vez que reforzarla para garantizar que ningún otro intento similar tenga éxito en el futuro.
Esta Alerta de Prensa está suscrita por las siguientes organizaciones: Environmental Investigation Agency / Agencia de Investigación Ambiental (EIA), Center for International Environmental Law (CIEL), Global Witness, el Comité de Defensa del Agua de Iquitos, Hope of the Amazon, la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau), Kené y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Organizaciones firmantes:
EIA: Julia Urrunaga, +51 980 731 328, julia@eia-global.org
CIEL: Melissa Blue Sky, +1 518 420 8879, mbluesky@ciel.org
Global Witness: Laura Furones, +44 752 559 2737, lfurones@globalwitness.org
Comité de Defensa del Agua de Iquitos: José Manuyama Ahuite, +51 947 87 48 85, josemanuyamaahuite@gmail.com
Hope of the Amazon: Jhonatan Erik Rodríguez Macuyama, +51 931 46 22 59, jhonerickrm@gmail.com
Kené: Guillermo Cubillas, +51 15 40 9483, lpautrat@keneamazon.net
Feconau: feconau1@gmail.com
Instituto de Defensa Legal: Juan Carlos Ruiz Molleda, +51997521685, jruiz@idl.org.pe
