Empresa norteamericana se declara culpable de importar madera ilegal del Perú
La madera en cuestión llegó a Houston, Estados Unidos, desde la región amazónica de Loreto, en el Perú, en el buque Yacu Kallpa en septiembre de 2015, pero fue detenida por las autoridades estadounidenses tras una alerta del Gobierno peruano de que gran parte del cargamento podría ser de origen ilegal. Una investigación posterior descubrió que la mayor parte de la madera adquirida por Global Plywood había sido talada ilegalmente en el Perú. Según el comunicado del Departamento de Justicia, "la empresa admitió que no actuó con la debida diligencia al importar a Estados Unidos madera de origen ilegal procedente de la Amazonia peruana". El tribunal condenó a Global Plywood a pagar 200.000 dólares de restitución al Ministerio de Medio Ambiente del Perú y una multa de 5.000 dólares".
El cargamento investigado también transportaba madera a los Estados Unidos para otras empresas, como Sabra International INC, Sun Core LTD, Tropical Mouldings LLC y Grey Forestal SA DE CV. Si bien la información oficial del gobierno peruano revela que más del 98% de la madera importada por estas otras empresas a través de este mismo cargamento tenía un origen ilegal, aún no hay información disponible sobre la situación legal o las posibles sanciones recibidas por estas otras empresas debido a los procesos judiciales en los Estados Unidos.
Los exportadores peruanos que suministraron la madera ilegal para Global Plywood fueron Inversiones La Oroza SRL e Inversiones WCA EIRL -- ambas tienen prohibida la importación a EEUU desde 2017 y 2019 respectivamente por orden del Representante de Comercio de EEUU debido a su implicación en el comercio ilegal de madera. Otros exportadores peruanos incluidos en este envío son Maderas de la Selva Peruana SAC, Industrial Maderera Zapote SA, Corporación Industrial Forestal SAC y Sico Madera SAC. Como documentó EIA en su informe de 2018 "El Momento de la Verdad", la mayoría de la madera de cada uno de los exportadores de este cargamento tenía un origen ilegal verificado por la autoridad peruana correspondiente. La investigación del caso Yacu Kallpa sigue en curso en el Perú.
Lisa Handy, Directora de Campañas Forestales de EIA, dijo: "Debe haber consecuencias reales para disuadir a quienes se benefician de la destrucción de los bosques. Este caso demuestra una vez más que la aplicación de la ley contra la tala ilegal y el comercio asociado es necesaria en toda la cadena de suministro -tanto en los países de origen como de destino- para cerrar los mercados para la madera robada."
En el transcurso de la pandemia de coronavirus, al menos diez defensores ambientales de la Amazonía peruana han sido asesinados por las mafias de la tala ilegal y el acaparamiento de tierras, ocho de las víctimas eran defensores ambientales indígenas. Un nuevo informe de Global Witness ha documentado 227 ataques mortales contra defensores de la tierra en todo el mundo durante el año pasado, lo que convierte a 2020 en "el año más peligroso registrado para las personas que defienden sus hogares, la tierra y los medios de vida, así como los ecosistemas que son vitales para la biodiversidad y el clima". El informe identifica a la tala de árboles como el sector relacionado con el mayor número de asesinatos.
Julia Urrunaga, directora de EIA en el Perú, añadió que "las empresas que no verifican el origen legal de la madera que importan a Estados Unidos no sólo violan la Ley Lacey, sino que se arriesgan a ser cómplices de asesinatos y otros ataques en los bosques de la Amazonía y de todo el mundo, convirtiendo a los consumidores estadounidenses en financistas involuntarios de los delitos forestales."