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Alerta: El Gobierno Peruano Amenaza la Independencia del Osinfor

Alerta: El Gobierno Peruano Amenaza la Independencia del Osinfor

La institución a cargo de supervisar la legalidad de la madera en el Perú está en riesgo

12 de septiembre del 2018

LIMA, PERÚ - Mientras el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) continúa identificando la extracción y comercio de madera ilegal en el Perú y difundiendo información clave que obliga a otras autoridades a reconocer la grave situación de ilegalidad en el sector forestal peruano y a tomar acciones, desde la propia Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), surge un nuevo intento por debilitar la muchas veces golpeada independencia e institucionalidad del Osinfor.

Esta vez se trata de un proyecto de decreto legislativo que se ha venido discutiendo en las últimas semanas y que se promulgaría dentro del paquete de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley 30823. Bajo el pretexto de fortalecer al Osinfor, la PCM modificó la propuesta de decreto presentada originalmente por el Osinfor cambiando la modalidad de designación de la persona que dirige la institución: en vez de un Presidente Ejecutivo designado a través de un concurso público y por un periodo de cuatro años, se trataría de un jefe designado directamente. El impacto inmediato que se puede anticipar con este cambio es un debilitamiento en la institucionalidad e independencia del Osinfor – ya que su jefe podrá ser removido sin aviso previo, en cualquier momento y sin explicación alguna – además de que contradice la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que se basa en el servicio civil meritocrático. A partir del rechazo del Osinfor ante esta modificación a su propuesta, la PCM sacó el artículo controversial del proyecto del Osinfor y lo incluyó en otro decreto. Al cierre de esta nota, se prevé que el Consejo de Ministros citado para las 7 de la mañana del 12 de setiembre aprobará la propuesta de PCM y rechazará el proyecto original del Osinfor.

En su momento, la autoridad nacional del servicio civil en el Perú, el SERVIR, concluyó que las condiciones y funciones del Osinfor lo colocan en situación similar a la de los organismos reguladores y, como claramente lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el proceso de nominación [del director de un órgano regulador] es un momento crucial en el que la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso y los criterios que llevan a una nominación podría crear la firme impresión de una proximidad indebida.” Situación que está sucediendo justo ahora en el Perú con la propuesta a consideración.

No es novedad que el Osinfor sea víctima de las presiones descritas en el documento de la OCDE. En enero del 2016, cediendo a las fuertes presiones de un poderoso sector de la industria forestal peruana que acusaba al entonces Presidente Ejecutivo del Osinfor, Rolando Navarro, por los decomisos de madera ilegal peruana que ocurrieron en los Estados Unidos en el marco de la Operación Amazonas liderada por la SUNAT, el gobierno peruano despidió abruptamente a Navarro. Ante el fuerte reclamo de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de artículos en medios de comunicación peruanos y extranjeros sobre el despido arbitrario de Navarro, el gobierno peruano creó un grupo de trabajo que en un plazo máximo de 30 días elaboraría los términos de referencia para convocar al concurso público que seleccionaría al nuevo Presidente Ejecutivo de Osinfor. Dos años y medio después de esta norma, aún no se convoca al concurso público, no se conoce los términos de referencia, y ahora se pretende eliminar el proceso para recurrir a un nombramiento directo y con estándares reducidos. Entre el 2015 y la fecha, se han sucedido un número de intentos por debilitar al Osinfor, incluyendo propuestas para reducir su presupuesto y sus funciones, así como para reducir su independencia reubicándolo dentro de la autoridad forestal Serfor, del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del Ambiente – todas opciones que irían en contra del uso sostenible de los bosques peruanos y violarían normas nacionales y el Acuerdo de Promoción Comercial Peru-EE.UU.

Si bien algunas autoridades del gobierno peruano han declarado que los altos porcentajes de ilegalidad y la corrupción pública y privada del sector forestal identificadas recientemente en informes de investigación producidos por EIA, CIEL y Global Witness, entre otras organizaciones, ya no existen y que los problemas del sector forestal peruano ya han sido solucionados, información del Osinfor actualizada a Agosto del 2018 documenta lo contrario, y es probable que éste sea uno de los motivos para intentar debilitar al organismo de supervisión.

Según una reciente nota de prensa del Osinfor, sólo en la región Loreto, entre octubre del 2017 y agosto del 2018, dicho organismo documentó la extracción ilegal de al menos 274 mil metros cúbicos de madera, equivalente a la carga de 5,000 camiones. Cabe precisar que este volumen se refiere sólo a los casos en los que el Osinfor ha verificado que el 100% de la madera movilizada tiene un origen ilegal. Todos los demás casos, en los que el porcentaje de ilegalidad es menor al 100%, no han sido comunicados como alertas y – si bien están siendo investigados – no han sido incorporados en esta cifra.

En paralelo, un estudio encargado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad del Estado peruano a cargo de luchar contra el lavado de activos, ha identificado que en los años 2015 y 2016 el sector forestal peruano movilizó alrededor de 700 millones de soles anuales (equivalentes a más de 200 millones de dólares anuales) en activos ilícitos.

Resulta inaceptable para el Perú – además de ser una violación a tratados y convenios internacionales, incluyendo el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. – que en vez de reforzar a una institución como el Osinfor, que viene cumpliendo un rol esencial en la detección de la extracción y comercio de madera ilegal, se pretenda debilitar su institucionalidad. Además, en un mercado global de madera con leyes que cada vez exigen más información sobre el origen legal del producto e incluyen multas y prisión efectiva para quienes importen productos de origen ilegal, la independencia del Osinfor es indispensable para garantizar el ingreso de la madera legal peruana a destinos como los Estados Unidos (donde aplica la Lacey Act), Europa (donde aplica la Regulación de la Madera de la Unión Europea) e incluso China, ya que gran parte de la madera importada este país es procesada y re exportada a los Estados Unidos y Europa.

Cronología y detalles relevantes:

  • El 11 de julio del 2018 , el Osinfor envía a la PCM una propuesta de decreto legislativo para el fortalecimiento del Osinfor, en el marco de la solicitud de delegación de facultades para legislar solicitada por el Poder Ejecutivo, y que sería aprobada el 18 de julio de este año. Cerca de 40 páginas de sustento técnico y legal justifican la propuesta que, entre otros aspectos, propone:

    • Dar mayor fuerza a los informes de supervisión en campo del Osinfor, convirtiéndolos en prueba preconstituida.
    • Incluir dentro de las funciones de supervisión del Osinfor a todas las modalidades de acceso al bosque que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y los servicios ambientales provenientes del bosque, así como – en colaboración con la autoridad competente – los actos administrativos para el retiro de la cobertura forestal (…) que permitan el acceso al aprovechamiento de los recursos forestales y comercio de productos maderables.
    • Facultades para visitar los lugares de acopio, depósitos y plantas de transformación para obtener información.
  • El 9 de agosto del 2018, la PCM se reúne con el Osinfor para evaluar la propuesta del Osinfor. Como resultado de la reunión la PCM solicitó al Osinfor reforzar su exposición de motivos.

  • El 17 de agosto del 2018, la PCM envía al Osinfor una propuesta para modificar el proceso de selección del Presidente de dicha institución, tema que no fue discutido en la reunión del 9 de agosto y que no fue consultado previamente con el Osinfor. La propuesta plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1085 de modo que:

    • Osinfor ya no esté dirigido por un Presidente Ejecutivo elegido mediante concurso público para un periodo de cuatro años, sino que tenga un jefe designado por resolución suprema sin un plazo que garantice estabilidad e independencia a la institución.
    • Elimina el requisito de contar con un mínimo de 10 años de experiencia en el sector forestal.
  • El 20 de agosto del 2018 , el Osinfor envía a la PCM un oficio rechazando la propuesta de la PCM de modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1085, apoyado en un informe técnico y legal que señala que:

    • “la necesidad del concurso público para designar a su titular resulta imperativa para resguardar la independencia de la entidad (cuya labor guarda similitud con los organismos reguladores), conforme al compromiso asumido por el Estado peruano en el Acuerdo de Promoción Comercial – TLC Perú-EE.UU., a fin de garantizar la institucionalidad del sector forestal y no poner en riesgo la confianza y credibilidad de los productos de la madera en el mercado peruano”.
    • “En conclusión, Osinfor está en desacuerdo con la modificación al artículo 6 del DL 1085. En ese sentido, como entidad proponente del proyecto de decreto legislativo para el Fortalecimiento del Osinfor, solicitamos se excluya el mencionado artículo y se continúe con su trámite de aprobación respectivo, por las consideraciones expuestas.”
    • El Osinfor sugiere que, en el más breve plazo, se implemente el concurso público para seleccionar a su presidente ejecutivo.
  • A la mañana del 12 de septiembre del 2018:

    • Está por aprobarse la propuesta de la PCM del 17 de agosto en la parte que respecta a la selección del jefe del Osinfor (sin concurso y con menos requisitos), la misma que se ha separado del proyecto de decreto para el fortalecimiento del Osinfor y se ha incorporado en un decreto más amplio que busca fortalecer el funcionamiento de las entidades del gobierno a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones,
    • Está por terminar de rechazarse la propuesta original presentada por el Osinfor el 11 de julio del 2018.
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